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La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo en el Consejo de Ministros.

El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática

El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, una norma en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, así como a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa en Moncloa, la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, quien ha subrayado que se trata de una ley “importante para la democracia española”, que nos permitirá “el conocimiento y la defensa de nuestro pasado democrático” y  el “reconocimiento, la reparación, la dignidad y la justicia para las víctimas que lucharon contra el fascismo”.  Por ello, señaló que “es una ley que tiene que ver con el pasado, pero que tiene mucho que ver con el presente y con el futuro”.

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Calvo apuntó que esta quiere ser “una ley en la que todos nos podamos reconocer”  y que “homologue a nuestra democracia con otros países que han tenido que pasar también por situaciones traumáticas y, por tanto, movernos en la plano internacional con la dignidad que le corresponde al buen nombre de nuestro país”. “No seriamos una gran democracia si no somos capaces de enfrentarnos con justica, con valor y con prudencia a nuestro propio pasado, como han hecho otros países”, dijo.

Por ello, explicó que los parámetros en los que se mueve esta ley son “la defensa y el reconocimiento de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario” y “toda la lectura de la misma para su aplicación tendrá que ser interpretada con arreglo al artículo 10 de nuestra Constitución, es decir, a la interpretación de todos los Tratados Internacionales que España tienen en materia de derechos”.

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La vicepresidenta, que destacó que con esta norma el Gobierno cumple con uno de sus compromisos más importantes, remarcó también que se trata de una ley “urgente”, porque “la democracia no podía esperar un día más a tener una ley como esta” y, además, “necesaria”, porque “nuestros jóvenes necesitan saber de dónde  venimos” y porque con ella también se da respuesta a los pronunciamientos del Congreso de los Diputados sobre este asunto.

Novedades de la ley

Entre las novedades más importantes de la Ley, destaca que se incorpora un concepto de víctima de la Guerra Civil y Dictadura franquista, conforme a los parámetros internacionales de los derechos humanos, así como la declaración y condena del carácter injusto de las violaciones de derechos humanos perpetradas. Al tiempo, que se hace condena expresa del golpe de estado y de la posterior dictadura franquista; también se declara la nulidad de las resoluciones y condenas dictadas por los órganos de represión franquistas, que asimismo se declaran ilegítimos, y se crea un Censo de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

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También se asume la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la dictadura como una responsabilidad de Estado. Se establece que se elaborarán planes cuatrienales de búsqueda, localización y exhumación de fosas e identificación de las víctimas y se crea un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, para su identificación mediante la recepción de sus muestras biológicas y la de sus familiares.

Asimismo, se garantiza el derecho a la investigación de las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión de la Guerra Civil y la Dictadura; así como el periodo que va desde la muerte del dictador hasta la aprobación de la Constitución Española y se crea una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos para la investigación de los hechos producidos en ese periodo.

También se marcan medidas en el ámbito educativo, incluyendo entre los fines del sistema educativo español el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, para lo cual se actualizarán los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y los planes de formación inicial y permanente del profesorado.

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Por otro lado, se establece la resignificación del Valle de los Caídos, que será un cementerio civil, o  medidas para evitar la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura franquista, mediante la retirada de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática, así como de distinciones, títulos o condecoraciones concedidas a los protagonistas o impulsores del alzamiento, la Guerra Civil o la Dictadura; medidas dirigidas a fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil española o del franquismo. Asimismo, establece un régimen sancionador en garantía del cumplimiento de los preceptos de la ley.

Calvo quiso destacar también que se trata de “una ley con perspectiva de género”, ya que se reconoce el papel activo y singular de las mujeres españolas como protagonistas de una larga lucha por la Democracia y los valores de libertad, igualdad y solidaridad, así como la represión específica y el sufrimiento infligido por el hecho de ser mujeres, que, por otra parte, es transversal en todo el texto de la ley.

Para terminar, la vicepresidenta señaló que el Gobierno contará con las familias de las víctimas y con las asociaciones que “serán escuchadas” en todo este proceso.

Además, anunció que se celebrarán dos fechas a partir de ahora: el 31 de octubre, en homenaje a las víctimas del golpe de estado, de la Guerra Civil y el franquismo y el 8 de mayo para recordar, en el contexto europeo, a los antifascistas españoles.

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