Torra Lleida

El president de la Generalitat, Quim Torra GOVERN

Torra no acepta la anulación judicial del nuevo confinamiento del Segrià y anuncia un decreto ley para blindarlo

El Govern aprueba un decreto ley expreso para esquivar el veto judicial en Lleida que ya será el marco por si tiene que dictar nuevas medidas por el virus en otros puntos.

Tanto el Govern de la Generalitat como Moncloa decidieron establecer directrices genéricas de actuación -con un decreto ley aprobado ya ayer y un plan específico de respuesta temprana que se debería aprobar el jueves para coordinar actuaciones con las comunidades, respectivamente- que den cobertura legal a las medidas específicas que sean dictados para hacer frente a los rebrotes de coronavirus que se están dando en todo. 

El detonante en Cataluña fue la decisión de la juez de guardia de Lleida, en la madrugada, de no avalar, como se le había pedido, la resolución del Govern del domingo que establecía una serie de medidas de confinamiento más restrictivas para contener los rebrotes a ocho municipios del Segrià, capital incluida, donde por ejemplo se prohibía entrar y salir del término o volvía a limitar la apertura de negocios. 

El veto de la justicia -que causó sorpresa en Palau, porque no había discutido el confinamiento perimetral fijado ocho días antes- dejó durante el día de ayer las medidas del gobierno en simples “recomendaciones”, según reconocía la mañana el propio president, Quim Torra, en una comparecencia con el vicepresidente Pere Aragonés, y propició una confusión general en la zona afectada.

El Govern habría podido recurrir de manera inmediata contra la decisión de la juez -de hecho, los servicios jurídicos aún estudian si hacerlo-, pero no se puede “permitirse el lujo de perder el tiempo”, según Torra, entrando en un tira -y afloja judicial. “Son medidas urgentes que no pueden atascarse en un conflicto de competencias”, justificaba, tras aseverar que no aceptaba la resolución, y anunció que la esquiva con un nuevo decreto ley que le hará de paraguas legal. “Hemos tomado decisiones sobre la base de potestades legales reconocidas”, recalcaba también Aragonés, que recordaba que así lo había dispuesto el mismo Estado.

Torra se mostraba indignado por el agravio comparativo de las resoluciones dictadas en el País Vasco y en Galicia, que ningún juez puso en duda y que prohibieron el también derecho fundamental al voto a los positivos en coronavirus en las elecciones del domingo. Ayer mismo, sin ir más lejos, el gobierno aragonés también dictaba, igualmente sin traba judicial, el retorno a una fase 2 “flexibilizada” del área de Zaragoza y la ciudad de Huesca, con nuevas limitaciones de capacidad en el hostelería, el comercio minorista, las grandes superficies, los centros formativos o las piscinas.

En todo caso, a grandes males grandes remedios, y para esquivar la resolución leridana, y con el aval implícito del gobierno estatal, por la noche el gobierno se reunió en un Consejo Ejecutivo extraordinario y aprobó a toda prisa un decreto ley que establece protocolos y criterios sanitarios y de contagios a partir de los cuales se fijarán nuevas medidas para la protección de la salud pública, lo que permite dotar así de “seguridad jurídica” no sólo el semiconfinament dictado los municipios del Segrià, sino cualquier otra medida similar de adelante que implique restricciones en la libertad de movimientos en cualquier otro punto del país que lo requiera. De hecho, Torra no ocultaba que se está “en la fase previa” de volver, si es necesario, el confinamiento domiciliario en la comarca,

Modificación legal

El nuevo decreto se aprobó a última hora, será publicado hoy en el DOGC y modifica la ley de salud pública y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes de la Covid-19, incluyendo un nuevo apartado que faculta a las autoridades sanitarias para limitar la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales en caso de situaciones de pandemia o epidemia. 

El texto aprobado prevé que la resolución deberá indicar si hay o se mantienen servicios esenciales, así como su duración, que en principio no deberá ser superior a 15 días, excepto si se justifica un período más llarg.D’altra parte, también habrá que tener en cuenta el establecimiento de medidas para que los derechos de las personas no se vean afectados, y siempre que sea posible será necesario que se ajuste territorialmente al mínimo ámbito necesario para su efectividad. 

Apoyo desde el Gobierno

En todo caso, el ministro Illa se mostró claramente alineado con las tesis de la Generalitat y, al ser interrogado sobre qué debían hacer los leridanos ante el despropósito vivido en las últimas horas por la injerencia judicial, fue claro y rotundo: ” hacer caso de sus autoridades sanitarias, es decir, de la Generalitat. ” El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, también se refirió: “La medida más eficaz es el confinamiento, y sería ideal hacerlo lo antes posible y en el menor tiempo posible. Si no puede ser, hay otras alternativas que tendrían un impacto suficiente, pero no serían tan rápidas”.

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