Cientos de civiles, entre ellos unos 44 niños habían muerto hasta el 31 de marzo en la ola represiva que aqueja a los birmanos. Una niña de siete años recibió un disparo mientras estaba en su casa. Dos representantes especiales para la violencia y la infancia condenaron los embates de las fuerzas de seguridad de Myanmar contra la población civil, incluidos los menores de edad.
Las representantes especiales de la ONU para la Infancia y los Conflictos Armados, Virginia Gamba, y para la Violencia contra los Niños, Najat Maalla M´jid repudiaron los ataques a la población civil de Myanmar por parte de las fuerzas armadas, que han dejado a cientos de civiles muertos, desde el golpe militar del 1 de febrero.
Entre los muertos se cuentan al menos 44 niños, una de ellas, de 7 años, feneció tras recibir un disparo mientras estaba en su casa. Muchos más han resultado heridos de gravedad.
“Pedimos al Tatmadaw [el ejército de Myanmar] que detenga la violencia generalizada contra los niños en cualquier manifestación … los niños no merecen menos que eso”, apuntaron Gamba y Maalla M’jid, en un comunicado conjunto.
También pidieron al ejército que no detenga a los niños, como lo dispone claramente en la Convención sobre los Derechos del Niño. Según datos de la ONU, hay denuncias de que más de 900 niños y jóvenes han sido detenidos arbitrariamente. Si bien muchos han sido liberados, otros permanecen recluidos sin acceso a un abogado, informa el comunicado.
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Impacto de por vida
Las funcionarias expresaron profunda preocupación por los efectos a largo plazo de la crisis actual en Myanmar sobre el bienestar físico y mental de los niños y sus familias.
“Cuanto más se prolongue la actual de violencia generalizada, más agudo será el estado continuo de angustia y estrés tóxico para los niños, que puede tener un impacto de por vida en su salud mental y física”, advirtieron.
Las representantes especiales condenaron el uso de las instalaciones de educación y salud por parte de los militares, así como los ataques generalizados contra escuelas y hospitales y su personal, que pueden privar a los civiles del acceso a cuidados vitales.
Ha habido al menos 35 incidentes documentados de arrestos y violencia contra maestros y personal de salud, así como 120 casos de uso por los militares de recintos educativos y médicos.
Respeto a los derechos humanos
El Consejo de Seguridad de la ONU, por su parte, manifestó preocupación por el rápido deterioro de la situación en el país del sureste asiático y repudió enérgicamente el uso de la violencia contra manifestantes pacíficos, así como la muerte de civiles.
El embajador ante la ONU de Viet Nam, Dang Dinh Quy, presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de abril, indicó que los integrantes de ese órgano reiteraron su llamamiento a las fuerzas armadas para que actúen con la máxima moderación.
Del mismo modo, subrayaron la necesidad de “respetar plenamente los derechos humanos” y “perseguir el diálogo y la reconciliación de conformidad con la voluntad y intereses del pueblo de Myanmar”.
También instaron a todas las partes a abstenerse de la violencia y pidieron nuevamente la liberación inmediata de todos los detenidos, incluidos la consejera de Estado Aung San Suu Kyi y el presidente Win Myint.
Los miembros del Consejo tomaron nota del llamamiento del Secretario General el 27 de marzo de 2021 para una respuesta firme, unificada y resuelta de la comunidad internacional a la situación en Myanmar, y destacaron que seguirán de cerca la situación.
Fuente: ONU