El Tribunal Supremo rechazó el recurso del president de la Generalitat, Quim Torra, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le condenó a un año y medio por desobediencia por no haber retirado la pancarta a favor de los políticos presos del balcón de la Generalitat en periodo electoral. La sentencia es firme y se dictó por unanimidad de los cinco magistrados de la sala civil y penal del alto tribunal, tres de los cuales participaron en el juicio contra el proces.
A las dos y media de la tarde, el TSJC informaba que había dictado el auto que hacía efectiva desde ayer mismo la pena de inhabilitación. No fue hasta poco antes de las cinco de que el ya ex president, reunido en el Palau con su abogado, Gonzalo Boye, recibió la comunicación de manos de un funcionario del TSJC, aunque se negó a firmarla porque no reconoce la autoridad del tribunal.
A primera hora había acudido a la presentación del informe de la BioRegió 2020 y posteriormente se reunió telemáticamente con el comité ejecutivo de crisis por la Covid-19. Torra se reunió con sus ya ex compañeros de gobierno en la misma sala donde lo ha hecho semanalmente y compareció a los tres cuartos de hora a la galería gótica flanqueado por todos los consejeros para insistir que la autonomía es uno de los obstáculos para la independencia. También remarcó que la “ruptura democrática” es el único camino y que las próximas elecciones deben ser un punto de inflexión, “un nuevo plebiscito” que confirme el mandato del 1-O.
Torra también denunció un “golpe urdido por los poderes del Estado” para apartarlo del cargo. “Ni abandono ni me resigno y menos acepto esta sentencia que quiere derribar el gobierno”, advirtió. “Catalanes, empuje”, sentenció, corrigiendo su famoso Apretad que dirigió a los CDR. Contra la confirmación de la inhabilitación sólo se puede recurrir al Tribunal Constitucional ya la justicia europea. Torra ya avisó ayer que llevará la causa en Europa y que espera ganar allí la causa.
Esta mañana, Torra visitará los politicos presos de Lledoners y por la tarde se reunirá telemáticamente con los los fugados desde el Palau Centelles. El TSJC también trasladó la notificación a la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, y al presidente del Parlamento, Roger Torrent, que calificó la sentencia de “impropia de una democracia”. El calendario electoral, que se abre con un periodo de diez días hábiles para que el republicano sondee los grupos parlamentarios para encontrar un candidato a sustituir Torra, dibuja las elecciones en el horizonte de febrero.
El gobierno queda en funciones en plena gestión de la pandemia de coronavirus ya partir de ahora no podrá aprobar proyectos de ley, sólo decretos ley. Tras la publicación en el BOE y en el DOGC del real decreto de cese de Torra, un Consejo Ejecutivo extraordinario aprobará un decreto para que el vicepresidente asuma las nuevas funciones. “La justicia española sentenció un nuevo golpe antidemocrático en nuestras instituciones, pero el odio y la venganza del Estado no provocará ni una grieta en nuestro compromiso con la libertad de Cataluña”, pió Aragonés.
Los grupos de la oposición unionista empezaban a moverse, ya que podrían presentar un presidenciable. El socialista Miquel Iceta se autodescartó. Considera que quien sea candidato “instrumental” -para poder activar el reloj electoral- “no puede pretender después fue presidente de la Generalitat”. Era una invitación envenenada por si el líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa, tiene la tentación de presentarse voluntario. El jefe de filas de Ciudadanos ya se quejaba de que Torra continuaba utilizando las instituciones “como si fueran de su propiedad” para la declaración institucional.
Mientras tanto, el dirigente socialista está dispuesto a hablar con todos los grupos que lo deseen para “explorar y definir cuál es el mejor escenario para tener unas elecciones cuanto antes y un interinaje de gobierno como más breve posible”.
Por parte independentista no hay intención de presentar ninguna candidatura, por lo que no existe ninguna alternativa que sume y, por tanto, el presidente Torrent podría considerar que no es necesario celebrar un pleno para una investidura fallida.