Mientras se aproxima el juicio del acusado del referéndum de autodeterminación ilegal del 1 de octubre de 2017, los siete magistrados de la Corte Suprema declararon el jueves 27 de diciembre dividir en dos el campamento de los acusados: de los 18, 12 serán juzgados según lo previsto a finales de enero en Madrid por rebelión y malversación – los cargos más graves. Los otros seis serán enviados al Tribunal Superior de Cataluña por desobediencia. Los últimos, por tanto, arriesgan mucho menos.
No todos serán juzgados de la misma manera. Los magistrados del máximo tribunal han separado al acusado. Por un lado, quienes han cometido un crimen no tan importante, esencialmente se han opuesto a los obstáculos administrativos a favor de la causa secesionista; por otro lado, aquellos que cometieron uno de los delitos más graves en virtud del Código Penal español, en este caso organizaron una rebelión contra el Estado, un delito que puede valer hasta 30 años de prisión.
En esta decisión, hay dos mensajes esenciales. Primero, que aquellos que tienen poca necesidad serán juzgados en Cataluña y cuyo castigo sin duda será indulgente. El segundo mensaje es el de la firmeza con respecto a quienes, asegura la Corte Suprema, “pusieron en peligro la unidad de España”. Estos últimos han “tratado de desintegrar el territorio nacional “.Para la Corte, es normal que estos 12 acusados, la mayoría de ellos miembros del antiguo gobierno separatista, respondan por sus crímenes en Madrid. Este juicio, que debería cerrarse en mayo, ciertamente provocará la ira de los secesionistas en Cataluña. Creen que las suyas son “víctimas de una justicia parcial y neofeminista“.